JOSE MANUEL Chapado 23/11/2011
La educación pública es universal y gratuita y garantiza el acceso democrático a la educación como base fundamental del desarrollo social y económico del Estado. La educación privada, por el contrario, es elitista y discriminadora al reservarse el derecho de admisión, por lo que bajo ningún concepto debería ser subvencionada.
Es imperativo que la sociedad conozca dónde se invierte el dinero público, y más en momentos en los que se plantean recortes severos en las administraciones públicas y en el mantenimiento de los servicios esenciales de atención ciudadana.
La obsesión de privatizar la educación es universal, tanto en las comunidades regidas por los populares como las gobernadas por los socialistas o los nacionalistas; en consecuencia, la escuela pública pierde peso frente a la privada. A lo largo y ancho del Estado, comunidades de uno y otro signo político subvencionan con dinero público centros privados y venden, a veces, cuando no regalan, a precio de saldo y sin ningún pudor terrenos públicos para la construcción de colegios privados.
XLOS NIVELESx educativos preuniversitarios en España se imparten en tres tipos de centros educativos: públicos, privados y, un tercero híbrido, privado-concertados (empresas privadas sostenidas con fondos públicos). La educación pública es la única que garantiza la educación igualitaria a todos los ciudadanos, sin exclusiones; la educación privada funciona como lo que es, un negocio y, por tanto, otros imponen sus propias normas; la educación concertada, sin embargo, pretende establecer criterios de funcionamiento del sector privado (por ejemplo, reservar el derecho de admisión de alumnos) pero con dinero público, lo que es un insulto a la ciudadanía al desviar parte de sus impuestos para subvencionar centros educativos privado-concertados, que establecen criterios sui generis a la hora de seleccionar alumnos y profesores y que funcionan con el fin de cualquier empresa: el beneficio.
Podemos concluir que con dinero público se está sosteniendo infinidad de centros privados a través de la concertación, o, dicho de otra manera, el gobierno paga los sueldos de los docentes que trabajan en centros concertados sin intervenir en la selección de personal, como hace en los centros públicos a través del concurso-oposición.
A la luz de los datos publicados por las distintas administraciones, el 85% del profesorado de la enseñanza privada, trabaja, realmente, en centros concertados. Podemos establecer el mismo porcentaje para los alumnos matriculados en centros privados.
Si los centros concertados se privatizaran (dejando de percibir subvenciones), estimamos que por ejemplo, como mínimo, el 20% de sus alumnos se trasladarían a la pública. Este trasvase generaría necesidades de profesorado que las administraciones tendrían que proveer mediante convocatorias de oposiciones, con un incremento de empleo público en el sector de enseñanza.
El hipotético trasvase, del 20% de alumnos de la privada a la pública, no tendría incidencia en la privada en el profesorado, pero bajarían las ratios (una media de dos alumnos por aula). Tendríamos una cifra estimada de 131.044 docentes en la educación privada, con un coste anual de 5.554.607.728 euros. Con el incremento del 20% se calcula un aumento de 25.161 docentes en la escuela pública, con un coste de 1.029.121.866,40 euros (fuente INE de datos de personal contratado en la enseñanza privada). De estos datos se desprende que el ahorro anual estimado por la privatización (hipotética) de la enseñanza concertada sería de 4.525.485.862 euros.
El Estado garantiza la enseñanza pública, gratuita y universal para todos los ciudadanos, por lo que es un contrasentido pagar a una empresa privada para que asuma competencias que ya están asumidas por la red de centros públicos (la concertación sólo estaría justificada allí donde no llegara la educación pública o como complemento de ésta).
Los ciudadanos que renuncian voluntariamente a un servicio público determinado que el Estado les ofrece gratuitamente y prefieren acudir a un empresa privada en busca de ese mismo servicio han de costeárselo de su bolsillo, al igual que ocurre en el resto de los países de la UE y en otros ámbitos de nuestra sociedad. No es posible que se incrementen las subvenciones por conciertos educativos ni que la inversión en la enseñanza privada-concertada aumente curso a curso y que la inversión en la educación pública haya disminuido. No es justificable ni defendible que los centros públicos sean mutilados, discriminados sin medios suficientes, y último refugio de alumnos que no pueden acceder a la privada-concertada por cuestiones económicas o porque no son aceptados, en base a no sabemos qué criterios. O quizás sí.
Los centros públicos no pueden convertirse en guetos educativos ni la sociedad española perder la posibilidad de un futuro mejor. Para todos, ojo.
Noticia original del Periódico Extremadura
