La enseñanza lleva ya muchos años sometida a constantes devaneos y tensiones como resultado de la demanda del aumento de cupos, la disminución de recursos financieros y humanos, la necesidad de mantener o elevar la calidad del trabajo académico y el desarrollo tecnológico. Por otro lado, los sindicatos de la enseñanza concertada -USO, UGT y FSIE- han anunciado que adoptarán «fuertes medidas de presión» por la reducción de unidades concertadas para el curso 2010-2011. En otras palabras, por la reducción del beneficio económico que supondrá para los titulares de los centros privado-concertados (este término es el correcto) a los que representan. Podemos traer a colación la máxima de Bertrand Russell: «las personas tenemos dos tipos de moralidad que van siempre juntas, la que predicamos pero que nunca llevamos a la práctica y la que practicamos pero que rara vez predicamos». De esto queremos hablar: de la doble moral hipócrita al tratar estos temas.
Estos centros están acostumbrados a recurrir a todos los mecanismos empresariales habidos y por haber para «captar clientes», y, si puede ser, de por vida: desde la educación infantil hasta el bachillerato. Tales mecanismos pueden ser la mercadotecnia, la buena imagen, la soterrada selección de alumnos, la exclusión del alumnado inmigrante y algunas otras. Circunstancias todas que chocan, en la otra cara de la moneda, con un hecho capital e irrefutable: el profesorado y el personal de los centros públicos es contratado siguiendo rígidas y burocráticas normas oficiales de selección por concurso-oposición que garantizan una calidad docente digna y escrupulosa en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
Y digo yo, ¿cuáles son las reglas a que se somete el profesorado de estos centros privado-concertados? No tienen nada que ver con sus méritos académicos ni su aptitud docente, que no se pone en duda, (claro que su actitud sí ha de ser la adecuada, faltaría más). Tras pasar la criba de los requisitos indispensables como el de antiguo alumno, amistad manifiesta, familia bien conectada o religión afín, es la entrevista la que suele decidir: detalle tan aleatorio como interesado con el fin de demostrar que el candidato reúne el perfil ideológico deseado por el centro.
En las últimas décadas la frontera que separa lo público de lo privado se ha ido difuminando; dado que el Estado, sometido a presiones interesadas -expresamente políticas- ha ido ocupando parcelas productivas cuando la rentabilidad de éstas no las hacía acreedoras del interés privado.
Se recurre al Estado para que cargue con las pérdidas bajo la amenaza de «fuertes medidas de presión», olvidándose que nada tienen que ver con los servicios públicos y pertenecen por completo a la esfera de la iniciativa privada.
La educación pública se ha convertido, a través de los conciertos, en una fuente inagotable de riqueza para los centros privados agraciados con el patrocinio de la Consejería de Educación. Para estos colegios privados-concertados el riesgo es nulo y el beneficio está asegurado, aunque sea con menoscabo del servicio educativo.
Hay que acotar el desenfreno que se lleva a cabo con dinero público y delimitar qué actividades corresponden al sector privado y cuáles al público. Al privado pertenecen todas aquellas que comporten iniciativa e innovación, con un beneficio razonable a cambio de un riesgo determinado, que son todas las que no afectan a intereses y derechos colectivos de la ciudadanía, es decir la mayor parte de las actividades económicas. Por el contrario, corresponden al Estado todas aquellas actividades que no depararían beneficio alguno para el inversor privado de no contar con la seguridad que generan los presupuestos de la Administración, como, por ejemplo, impartir una enseñanza pública de calidad a todos los ciudadanos extremeños. Recientes estudios avalan que «la enseñanza concertada no es más eficiente que la enseñanza pública» y que «los conciertos no favorecen la equidad y aumentan las desigualdades» ¿Se necesitan más motivos para reducir paulatinamente los conciertos existentes? Éste es un modelo que se implantó en España de forma coyuntural en una determinada situación de nuestra transición, pero alejado hoy día de los países más avanzados donde existe una amplia red pública de calidad.
La iniciativa privada es imprescindible, pero nadie puede pretender que su beneficio provenga de los presupuestos del Estado, transgrediendo su razón de ser y con menoscabo de la justicia social inherente al estado del bienestar. Dejando de lado su viabilidad económica, parece coherente que servicios básicos como la educación sean públicos, gratuitos y accesibles para todos los ciudadanos al ser la única que nos facilita las herramientas para ser iguales. Es el momento de poner en valor el importante esfuerzo que realiza la Administración y los profesionales de la enseñanza pública de Extremadura para llegar a todos los puntos de nuestra geografía que no son «óptimos» para la enseñanza privada-concertada al no existir ningún beneficio económico para su implantación.
Para los sindicatos de la enseñanza concertada -USO, UGT y FSIE-, lo importante es que los padres puedan elegir, petición manida y recurrente de estos defensores de la homologación y la solidaridad, que se contradice con la inmoralidad que supone el derecho de admisión que los centros privados aplican (excluyendo a los alumnos que molestan, incordian y dan constantes problemas). Para los centros privados, los más débiles y víctimas sociales ponen en peligro a los más dóciles y estudiosos y, casi siempre, los más pudientes. ¿Cuántos inmigrantes y minorías étnicas están escolarizados en estos centros? De nuevo, la solidaridad mal entendida. En consecuencia, no es de extrañar que el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) solicite a la Consejería de Educación que sea valiente e inicie decididamente la supresión de los conciertos educativos y la creación de los centros públicos necesarios que lo posibilite. Y en eso estamos.
Comunicado contra los recortes educactivos de INSUCAN, PIDE, SADI y SIDI.
