Por José Manuel Chapado Regidor
Presidente del Sindicato PIDE
Presidente del Sindicato PIDE
La asunción de las transferencias educativas en Extremadura ha supuesto, sin ninguna duda, una mejora de nuestro sistema educativo y de las prestaciones sociales que todos esperamos de él, si bien su gestión ha de mejorar todavía al igual que los recursos destinados a su desarrollo.
Con esta nueva legislatura, indistintamente del signo político que gobierne, entrará en vigor la LEEX y afrontaremos una serie de cambios que nunca podrán llevarse a cabo sin la necesaria dotación que se detalla en su memoria económica. Es el momento de tomar decisiones y de abordar cuestiones inmutables hasta ahora y que podrían frenar nuestro desarrollo en general y nuestro sistema educativo en particular.
Decía Horace Mann, el primer gran defensor de la educación pública, allá por el siglo XIX, que “la educación, más que cualquier otro recurso de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social”. ¿Quién duda entonces de que la educación ha de ser la llave para conseguir el progreso de las naciones y su bienestar social y económico? En nuestra región hay que ponerse manos a la obra en esta tarea de todos.
La Junta de Extremadura tiene la responsabilidad de asegurar una educación de calidad para toda la ciudadanía, la obligatoriedad de mantener y de favorecer unos servicios educativos accesibles para toda la población que permitan el pleno acceso, la prosecución de estudios y los logros de aprendizaje, especialmente para aquellos que se encuentran en situación más desfavorecida, fortaleciendo la calidad de la educación pública, al ser la herramienta fundamental en la reducción de las desigualdades y en la consecución de la cohesión social.
La Administración Educativa extremeña debe garantizar los criterios básicos de calidad para todos los centros educativos, sean públicos o privados, creando con ello las condiciones necesarias para que nuestros alumnos alcancen el éxito escolar, independientemente de su entorno socioeconómico. Es necesario, en consecuencia, establecer marcos regulatorios adecuados que amplíen los sistemas de garantías y eviten cualquier discriminación.
Se impone, pues, la desaparición de dependencias clientelares, duplicadas y superfluas que existen ahora mismo en la Consejería de Educación, como son el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC) y la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa (AEEE). Debe afrontarse decididamente la reducción de personal a dedo en las Direcciones Generales, Delegaciones Provinciales, Unidades de Programas Educativos, Centros de Profesores y Recursos, Aulas Mentor…etc. Hay que proceder a la evaluación de las necesidades reales de las residencias no universitarias de educación primaria y ESO (escuelas hogar) y las residencias de educación secundaria existentes, dado que con la extensión de la red de centros no es necesaria la existencia de la mayoría de ellas… Es imprescindible que la gestión educativa de la administración evite duplicidades y se descentralice, que se reparta entre Badajoz, Cáceres y Mérida, aunque sea esta última quien dirija, coordine, planifique y finalmente decida lo que haya que decidir.
Es primordial abordar la eliminación de los gastos innecesarios (por ejemplo, eliminar las subvenciones sindicales, conversión de todas las publicaciones y comunicaciones oficiales a los funcionarios al formato digital…) abogando por la optimización del gasto, lo cual nos permitiría afrontar la necesaria recuperación salarial, revisar los criterios retributivos y de promoción y la contratación de los 600 docentes que hemos perdido en este curso. Se dice pronto, 600 maestros y profesores menos en nuestras aulas. Sin plantillas suficientes nunca habrá calidad educativa.
El lema de muchos docentes indignados sigue siendo el de “Más profesores y menos ordenadores” y que estos no se conviertan en un problema más, como está sucediendo ahora mismo en numerosos centros.
La existencia de centros concertados con una baja matrícula, debido al escaso alumnado existente en algunas localidades extremeñas, provoca la duplicidad de enseñanzas, esfuerzos y recursos públicos, situación que debería acabar en pro de la necesaria optimización de gastos y recursos. Que la concertación se dé únicamente allí donde no llegue la educación pública: es difícil explicar a la ciudadanía la duplicidad de gasto de dinero público en un centro privado-concertado determinado, existiendo uno público al lado.
Hay que garantizar los valores de neutralidad, autonomía responsable, participación, libertad de
conciencia y de cátedra, curiosidad y rigor intelectual que nutren la enseñanza pública. La verdadera autonomía de los centros nunca existirá formalmente si no se reforma la elección de directores, para que sean los claustros de profesores los que decidan o extendamos, por qué no, el sistema actual de elección de directores docentes a otros ámbitos en que los administrados tengamos derecho a elegir a los directores de los centros de salud, a los comisarios de policía…
Seamos serios, es necesario que sean los profesionales los que con independencia y autonomía
tengan la posibilidad de elegir al mejor de ellos para que los dirija y exigirle responsabilidades en caso de no hacerlo correctamente. Que los miembros del claustro además de elegir a los directores, sean los que den el visto bueno a todo lo que concierne al centro: la archiconocida milonga de que decide el equipo directivo, oído el claustro, mejor la dejamos para centros educativos iraníes.
Es urgente transferir la gestión de todos los centros educativos de cualquiera de las enseñanzas
implantadas en Extremadura a la Consejería de Educación. Las guarderías o centros de infantil, el centro de Arte Dramático de Extremadura o el primer centro integrado de Formación Profesional no pueden ser competencia de otras consejerías o que los Conservatorios sean mayoritariamente municipales o de la Diputación. ¿Dónde se ha visto eso?
Los vicios administrativos deben tocar a su fin, cualquiera que sea su naturaleza, así como las
interpretaciones perversas que, por ejemplo, impiden que los dos sindicatos mayoritarios,
democráticamente elegidos, en la educación pública extremeña representen a los docentes en el Consejo de Formación Profesional de Extremadura, u otros ámbitos, y sin embargo sí esté representado el último sindicato con representación, el menos votado, pero beneficiado por ser afín al partido gobernante.
Se podrán afrontar otras cuestiones, estoy seguro de ello, se podrá empezar el curso 2011-2012 de distinta manera, pero ésta es la acuciante realidad en la educación extremeña que no debemos olvidar y que debemos corregir por el bien de todos. Acabaré parafraseando a Paulo Freire, el más importante pedagogo del tercer mundo: “Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”.
Enlace al artículo en pdf: http://www.sindicatopide.org/Varios2010-11/Junio11/TRIBUNA_Otragestioneducativapropuestasdecambio.pdf
Enlace al artículo escaneado (versión reducida): Extremadura.
